En 1995, ningún país industrializado puede ser una isla económica, pero Japón sigue comportándose como tal. Pensemos en la difícil situación de los vendedores directos de Japón. El servicio postal, del que es propietario y opera el gobierno, cobra 80 yenes (unos 80 centavos) por enviar una carta nacional de primera clase. El correo aéreo desde los Estados Unidos o Hong Kong a Japón cuesta solo 50 centavos. Un vendedor japonés podría enviar artículos publicitarios por correo directo a hogares japoneses desde los Estados Unidos o Hong Kong mucho menos que desde cualquier parte de Japón. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, tiene sentido que la industria del correo directo utilice servicios postales extranjeros a precios competitivos o que el gobierno haga que el sistema de correo del país sea más eficiente y menos costoso. En cambio, el gobierno ha declarado ilegal que las empresas japonesas envíen ese material a Japón desde otros países.
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