¿Deberían los reguladores antimonopolio impedir que las empresas recopilen tantos datos?

La innovación siempre ha requerido una iteración constante de ensayo y error a medida que las empresas utilizan los datos sobre el rendimiento actual para mejorar el rendimiento futuro. Así que no debería sorprender que las empresas de la era de la información quieran utilizar cada vez más datos para perfeccionar sus productos. Pero está surgiendo un debate sobre las implicaciones competitivas de los Big Data. Algunos observadores sostienen que las empresas que acumulan demasiados datos podrían inhibir la competencia, por lo que los reguladores antimonopolio deberían tomar medidas preventivas para reducir los "grandes datos" a "datos medios". Otros afirman que no hay nada nuevo en este asunto y que la legislación existente en materia de competencia es más que capaz de hacer frente a cualquier problema. Entre los que abogan por una ampliación de las revisiones antimonopolio en torno a los datos se encuentran el profesor de derecho Maurice Stucke y el abogado antimonopolio Allen Grunes, que expresan tres preocupaciones interrelacionadas en Big Data and Competition Policy. En primer lugar, argumentan que permitir que las empresas controlen grandes cantidades de datos eleva las barreras de entrada para los rivales potenciales que carecen de datos suficientes para desarrollar productos competitivos. Según esta lógica, se debería luchar contra acuerdos como la adquisición de WhatsApp por parte de Facebook, porque permitir que una empresa dominante adquiera aún más datos aumentará su poder de mercado. En segundo lugar, los defensores de este punto de vista afirman que la legislación antimonopolio vigente es inadecuada para las amenazas competitivas derivadas de las grandes colecciones de datos. Una de las razones es que gran parte del análisis antimonopolio tradicional se centra en los precios de los bienes y servicios, porque las empresas con poder de mercado se enfrentan a incentivos para limitar la oferta y cobrar más. Con la profusión de servicios "gratuitos", las autoridades pueden tener muchas más dificultades para evaluar adecuadamente las implicaciones de la competencia distintas del precio, como la degradación de la calidad del producto o la protección de la privacidad. Por último, algunos de los que se preocupan por los macrodatos desde una perspectiva antimonopolio afirman que las leyes de protección del consumidor son inadecuadas, porque las protecciones de la privacidad son en sí mismas una función del grado de competencia al que se enfrentan las empresas, por lo que los reguladores antimonopolio deben intervenir para proteger la privacidad. Pero a otros estudiosos de la defensa de la competencia les preocupa mucho menos que el hecho de que una empresa posea grandes cantidades de datos le confiera automáticamente poder de mercado. Por ejemplo, las economistas Anja Lambrecht y Catherine Tucker examinaron recientemente el uso de los datos y encontraron "pocas pruebas de que la mera posesión de big data sea suficiente protección para un operador tradicional frente a una oferta de productos superior." Esto se debe a que existe un mercado vibrante en la recopilación y venta de todo tipo de datos, y las nuevas tecnologías han facilitado a los entrantes en el mercado la recopilación, el almacenamiento y el análisis de los datos que necesitan. Además, si la posesión de grandes cantidades de datos fuera necesaria para que un entrante compitiera con éxito, eso no constituiría necesariamente una ventaja competitiva desleal. Muchas industrias tienen elevados costes de entrada; no decimos que Ford y Daimler tengan una ventaja desleal sólo porque las empresas deban construir una costosa fábrica antes de poder vender un solo coche. En cuanto a los servicios gratuitos, aunque empresas como Facebook, Google y Twitter puedan tener una cuota muy grande de los mercados de consumo para sus ofertas de servicios limitados, los mercados en sí tienen dos caras, y la cara en la que obtienen la mayor parte de sus ingresos es la publicidad, que se caracteriza por una competencia feroz, contrapartes poderosas y una evaluación constante del rendimiento relativo de los diferentes puntos de venta de publicidad. Así que en este caso las preocupaciones tradicionales de abuso, como la fijación de precios por debajo del coste marginal y la vinculación de productos, no se aplican realmente, y en realidad pueden beneficiar a la competencia y a los consumidores. En lo que respecta a la privacidad, los que no creen que la mera posesión de muchos datos sea anticompetitiva sugieren que los reguladores antimonopolio deberían dejar eso en manos de los reguladores de la privacidad y la protección del consumidor. En Estados Unidos, eso significa principalmente la Comisión Federal de Comercio, que hasta la fecha ha actuado en gran medida caso por caso para hacer frente a las malas conductas derivadas del uso de datos. No hay pruebas de que la mera posesión de más datos suponga un mayor riesgo para la privacidad. Pero los datos sí impulsan muchas de nuestras tecnologías emergentes más importantes, como los coches autónomos, la traducción de idiomas y otras innovaciones basadas en la inteligencia artificial. Tampoco hay pruebas de que los consumidores exijan una mayor protección de la privacidad en los productos que utilizan. La mayoría de los consumidores están dispuestos a compartir grandes cantidades de datos personales a cambio de servicios gratuitos que valoran. Los consumidores tienden a oponerse sólo cuando sus datos se utilizan realmente de forma indebida, algo para lo que los reguladores ya toman medidas. No cabe duda de que una aplicación diligente de la legislación antimonopolio sigue siendo fundamental para garantizar la competitividad de los mercados. Las empresas ricas en datos, como todas las empresas, son capaces de incurrir en comportamientos anticompetitivos. También son capaces de intentar utilizar las fusiones para acumular suficiente poder de mercado como para afectar a los precios y expulsar a los competidores. Siempre que esto ocurra, los organismos antimonopolio deben tomar medidas, y la legislación vigente les otorga el poder adecuado para hacer frente a estas amenazas. Sin embargo, los reguladores deben demostrar una clara amenaza a la competencia para justificar sus acciones. La ley antimonopolio no está pensada para proteger a las empresas más débiles de las consecuencias de una competencia leal o para perseguir objetivos no competitivos, como la privacidad. Además, la mera posesión de grandes cantidades de datos nunca es motivo de preocupación. Y, en la mayoría de los casos, tampoco lo es utilizar estos datos para producir un producto mejor. Las empresas ricas en datos no son una amenaza económica, sino más bien una importante fuente de innovación. Si la simple posesión de datos se convirtiera en un nuevo factor en el análisis antimonopolio, deprimiría la innovación cuando los responsables políticos deberían fomentarla.

¿Deberían los reguladores antimonopolio impedir que las empresas recopilen tantos datos?

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