Política macroeconómica y competitividad de EE. UU.

Fotografía: Margaret Bourke-White /Time Life Pictures/Getty Images: Un suburbio de Filadelfia, 1957 Los Estados Unidos van por buen camino hacia el desastre fiscal, y los expertos proyectan que el gobierno federal se quedará con mucho menos dinero del que gasta, indefinidamente. Aunque según nuestra experiencia, los líderes empresariales tienen la sensación general de que esta situación es peligrosa, no tienen claro exactamente cómo la política fiscal moldea la competitividad del país y de sus empresas. La política actual está erosionando la competitividad de varias maneras y las condiciones empresariales en los Estados Unidos se deteriorarán si no se cambia de dirección. Una mejor comprensión de la relación entre la política fiscal y la competitividad podría hacer que ese cambio sea más probable. ¿Cómo afecta la política fiscal a la competitividad? Para responder, necesitamos una definición clara de «competitividad», que es, en nuestra opinión, la medida en que las empresas de un país pueden tener éxito en el mercado global mientras su gente disfruta de un nivel de vida alto y creciente. Las empresas compiten en función de los costes de producción por una cantidad determinada de producción. La única manera de reducir esos costes y, al mismo tiempo, mantener y aumentar el nivel de vida de los trabajadores es aumentar la productividad o la producción por trabajador. Aumentar la productividad requiere mejorar el capital humano, aumentar el capital físico (equipos o software, por ejemplo) o utilizar estas formas de capital de manera más eficiente. Veamos cómo se relaciona la parte del gasto de la política fiscal con estos tres factores. Muchos bienes públicos proporcionados por el gobierno contribuyen directamente a uno o más de ellos. Gastar para mejorar la educación pública, por ejemplo, puede aumentar el capital humano. Gastar en infraestructura puede aumentar el capital físico. La I+D financiada con fondos públicos, una regulación eficaz y los incentivos a la innovación del sector privado pueden llevar a un uso más eficiente del capital humano y físico. Por el contrario, algunos gastos, como el de la atención médica y otros derechos, contribuyen poco a mejorar directamente la competitividad. El aspecto fiscal de la política fiscal también tiene el potencial de apoyar u obstaculizar la competitividad. Los ingresos son necesarios para financiar los bienes públicos, por lo que los impuestos son esenciales para la competitividad. Al mismo tiempo, al reducir la rentabilidad de la inversión y el arduo trabajo, los impuestos pueden distorsionar la asignación y el uso del capital humano y físico. Algunos impuestos son mucho mejores que otros. Por último, cuando el gobierno tiene un déficit, compite por fondos que podrían invertirse en el capital social del sector privado, lo que ejerce una presión al alza sobre el coste de los préstamos para las empresas. Este efecto es especialmente grave cuando los déficits públicos se acumulan en una gran deuda y los prestamistas exigen rentabilidades sustancialmente más altas. El déficit: un lastre para la inversión del sector privado Cuando el gobierno de los Estados Unidos tiene un gran déficit, como ha hecho a menudo en las últimas décadas, compite por el dinero de inversión, lo que hace subir los costes de endeudamiento de las empresas. Nuestro plan prevé reducir el déficit a poco más del 1% del PIB. La política fiscal estadounidense actual es muy preocupante en las tres dimensiones. Las pruebas sugieren que no estamos invirtiendo lo suficiente en los bienes públicos —principalmente la infraestructura y la educación— que son vitales para la competitividad. De hecho, algunos candidatos presidenciales han recomendado eliminar departamentos federales enteros, incluidos Comercio, Educación y Energía, cuyas actividades apoyan directamente la productividad del país. Peor aún, las proyecciones basadas en la política actual muestran un cambio drástico de la inversión en bienes públicos a favor de los derechos, especialmente Medicare. El mal funcionamiento del código tributario corporativo (que impone tipos altos pero recauda pocos ingresos), la persistencia de la deducción de los intereses hipotecarios (que desvía los fondos hacia la vivienda y los aleja de inversiones más productivas) y la ausencia de un impuesto al valor añadido o IVA (que se utiliza en la mayoría de los países avanzados para generar ingresos sin desalentar el ahorro o la inversión), hacen que recaudemos fondos para bienes públicos de formas innecesariamente distorsionadoras. Los recientes déficits estadounidenses son comprensibles dada la Gran Recesión, pero las proyecciones a largo plazo muestran una acumulación de deuda que devastaría la inversión tanto en bienes públicos como en capital privado. Estas deficiencias políticas son evidentes en una estadística que se cita a menudo en los debates sobre la competitividad de EE. UU.: nuestro gran déficit por cuenta corriente, que incluye el déficit comercial. Algunos analistas han argumentado que el déficit por cuenta corriente no representa un problema para la competitividad de los EE. UU. porque es la otra cara del superávit en la cuenta de capital, lo que implica que los Estados Unidos deben ser un destino atractivo para la inversión. Sin embargo, ha quedado claro que la reducción del ahorro, no el aumento de la inversión, explica el aumento del superávit de la cuenta de capital de EE. UU. La caída del ahorro interno en los EE. UU. de 1980 a 2007 es casi idéntica al aumento del déficit por cuenta corriente (el 5% del PIB) durante el mismo período, mientras que la inversión no inmobiliaria, neta de la depreciación, cayó del 3,2% del PIB en la década de 1970 a solo un 0,5% desde el año 2000. Los Estados Unidos piden préstamos para consumir, no para invertir en la capacidad productiva futura de la economía. Estos problemas fiscales son importantes para los líderes empresariales de dos maneras principales. En primer lugar, los responsables políticos que desean reducir el déficit pueden optar por recortes de gastos y aumentos de ingresos que obstaculicen —en lugar de apoyar— la capacidad de las empresas para competir. El gasto en los bienes públicos esenciales para la competitividad debería protegerse de los recortes y los ingresos fiscales deberían aumentarse mediante instrumentos (como el IVA) que no desalienten la actividad productiva y la inversión. En segundo lugar, los mercados de capitales achacarán los pecados del sector público al privado. Si el coste de los préstamos aumenta para el gobierno de los EE. UU., también aumentará para los prestatarios del sector privado. En ese caso, la economía se verá afectada por una inversión insuficiente tanto en bienes públicos como en empresas privadas. Sin embargo, tenemos esperanzas. Varios análisis de la situación, incluido el de la muy publicitada comisión Simpson-Bowles, se han centrado en un conjunto de reformas políticamente moderadas y económicamente factibles que abordarían muchos de los problemas identificados anteriormente. Tenemos nuestra propia hoja de ruta similar, que denominamos «20/21 para 2021». Según nuestro plan, para 2021 los ingresos fiscales aumentarían hasta el 20% del PIB y el gasto caería hasta el 21%. (El escenario más probable de la Oficina de Presupuesto del Congreso para ese año sitúa los ingresos fiscales en el 18,4% del PIB y el gasto en el 22,2%). La exposición «Un camino hacia la sostenibilidad fiscal» muestra cómo nuestro plan lograría esta reducción del déficit. Un camino hacia la sostenibilidad fiscal La Oficina de Presupuesto del Congreso espera que el déficit federal caiga en los próximos años, a medida que una economía en mejora genere más ingresos fiscales, y que luego aumente a medida que los ingresos vayan por detrás de los gastos en prestaciones. El siguiente gráfico muestra cómo nuestro plan 20/21 puede mejorar con respecto al escenario más probable de la CBO para el año 2021, mediante una combinación de aumento de los ingresos y disminución de los gastos. Nuestros recortes de gastos se centran en la defensa y los derechos (mediante, por ejemplo, pruebas y tasas de crecimiento más bajas) más que en áreas vitales para la competitividad. Aumentamos los ingresos con un IVA reducido (2%) y nuevos impuestos sobre la gasolina y las emisiones de carbono. No se muestran algunos otros cambios de política que abogamos: aumentar la edad de jubilación de la Seguridad Social, reformar el código tributario corporativo y eliminar gradualmente la deducción de los intereses hipotecarios. La primera de ellas sería importante a largo plazo, pero no durante la próxima década. Las otras dos apoyarían la competitividad de EE. UU., pero es poco probable que tengan un impacto inmediato en los ingresos. Según nuestro plan, el déficit de 2021 caería del 3,8% del PIB de la CBO a poco más del 1%, y sentaríamos las bases para recortes más profundos en el gasto en prestaciones, que serán imprescindibles si se quiere abordar el déficit fiscal proyectado a largo plazo. De una forma u otra, el gobierno de los Estados Unidos tendrá que hacer frente a estos problemas. Sería mucho mejor hacerlo hoy, cuando tengamos tiempo de elaborar una solución que apoye la competitividad de los EE. UU., en lugar de hacerlo en el futuro, bajo coacción, cuando nuestros acreedores hayan empezado a perder la fe.

Política macroeconómica y competitividad de EE. UU.

Resumen.

Partner Center